México rechaza las acusaciones del Comité de la ONU y reafirma su compromiso con la lucha contra las desapariciones forzadas

La Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) de México afirmó que las declaraciones del Comité contra la Desaparición Forzada de las Naciones Unidas (CED) “carecen de fundamento y no son admisibles”, y subrayó que México mantiene una política de Estado para prevenir, investigar y sancionar el delito de desaparición forzada.

“La desaparición de personas es un delito grave que se combate en México mediante una política de Estado basada en la prevención, la investigación y la persecución”, señaló la Secretaría en un comunicado.

La SRE recordó que México es uno de los países más abiertos al escrutinio internacional, al haber ratificado todos los tratados internacionales de derechos humanos. Sin embargo, advirtió que las afirmaciones del Comité deben basarse en “criterios objetivos” y en el marco establecido por la Convención Internacional para la Protección de Todas las Personas contra las Desapariciones Forzadas.

La Secretaría explicó que, junto con otras dependencias federales, mantiene un diálogo continuo con el CED, conforme al procedimiento previsto en el artículo 34 de la Convención, anunciado el pasado abril.

“El fenómeno de la desaparición forzada en México está vinculado principalmente con el crimen organizado”, señaló el comunicado. En este contexto, el gobierno mexicano implementa la Estrategia Nacional de Construcción de Paz y Seguridad mientras fortalece el Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas.

La Secretaría también señaló que se han fortalecido las instituciones responsables de las labores de búsqueda e identificación, se han desarrollado nuevas herramientas de coordinación interinstitucional y se mantiene un diálogo constante con las familias y los colectivos de víctimas, como parte del compromiso del Estado con la verdad, la justicia y la reparación integral.

Finalmente, la SRE reiteró que la cooperación debe seguir siendo el principio rector de la relación entre los órganos de tratados y los Estados.

“Se presentó un informe detallado al Comité, el cual debe ser analizado objetivamente antes de emitir nuevos juicios sobre el tema”, subrayó.

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