México llega a la COP31 con una hoja de ruta climática más amplia

La conferencia se celebrará del 9 al 20 de noviembre en Antalya, Turquía. Para México, será una oportunidad de mostrar que sus nuevos compromisos pueden traducirse en acciones concretas y de defender una agenda regional que ponga en el centro a los países más expuestos a los efectos del calentamiento global.
El avance más claro está en la Contribución Determinada a Nivel Nacional, conocida como NDC 3.0, presentada por México durante la COP30 en Brasil. Por primera vez, el país fijó una meta absoluta de emisiones netas para 2035, con un rango de entre 364 y 404 millones de toneladas de dióxido de carbono equivalente sin condicionantes, y una meta más ambiciosa —de 332 a 363 millones— si recibe financiamiento, tecnología y cooperación internacional suficientes.
La nueva hoja de ruta también fortalece el componente de adaptación, incorpora un apartado sobre pérdidas y daños y plantea medidas para atender los impactos climáticos en la población, el agua, los sistemas productivos, la biodiversidad y la infraestructura. México anunció además que trabaja en una Política Nacional de Adaptación, una herramienta necesaria para que la preparación ante sequías, inundaciones, olas de calor y otros riesgos no dependa solo de respuestas de emergencia.
Ese enfoque importa especialmente para América Latina, una región de gran riqueza natural y alta vulnerabilidad climática. Brasil, por ejemplo, comprometió reducir sus emisiones entre 59 y 67 por ciento para 2035 frente a 2005; Colombia también fijó metas propias para ese año. Las cifras no se pueden comparar como si fueran una competencia, porque usan referencias y alcances distintos, pero muestran que la región está actualizando sus compromisos y puede ganar peso si actúa de manera coordinada.
México tiene razones para presentar esa agenda con confianza: la NDC 3.0 integra mitigación y adaptación con justicia social, transición energética y conservación, y reconoce que enfrentar la crisis climática exige proteger tanto a las comunidades como a los ecosistemas. El Gobierno también ha planteado conservar 30 por ciento del territorio para 2030 y restaurar ecosistemas estratégicos, objetivos que requieren continuidad, financiamiento y mediciones públicas para que la promesa pueda evaluarse.