Impuesto del 3.5% a las remesas en EE. UU. afectaría a millones de migrantes y a las economías latinoamericanas, advierte un análisis

Una propuesta impulsada por legisladores republicanos en Estados Unidos busca imponer un impuesto del 3.5% a las remesas enviadas por personas que no son ciudadanas estadounidenses. Aunque es inferior a la versión inicial del 5%, esta medida sigue generando fuertes críticas de expertos, que advierten sobre consecuencias negativas tanto dentro como fuera del país.

Según un análisis de Manuel Orozco, director del programa de Migración, Remesas y Desarrollo del centro de estudios Inter-American Dialogue, el impacto económico, social y diplomático de este proyecto de ley sería significativo, especialmente para los millones de familias en América Latina que dependen de estas transferencias de dinero.

Impacto directo en los migrantes y sus familias

Orozco señaló que el impuesto podría afectar potencialmente a más de 50 millones de personas en Estados Unidos, incluidos residentes legales, titulares de visas temporales, solicitantes de asilo, inmigrantes indocumentados e incluso ciudadanos que se verían obligados a demostrar su estatus para evitar el cobro.

El impuesto del 3.5% casi duplicaría el costo promedio actual de enviar dinero. Una transferencia estándar de $400 podría pasar de costar $8 a casi $22, lo que podría desalentar el envío regular de remesas y fomentar el uso de métodos informales y menos seguros.

Orozco estima que un aumento de los costos podría reducir el monto total de las remesas enviadas hasta en un 7%, lo que resultaría en pérdidas significativas para las familias receptoras, muchas de las cuales dependen de estos fondos para satisfacer necesidades básicas como alimentación, atención médica y educación.

Retroceso para la inclusión financiera y riesgo de informalidad

Uno de los efectos más preocupantes, según el análisis, es el posible desplazamiento de los canales formales de envío hacia métodos no regulados como transferencias entre pares, criptomonedas o aplicaciones informales, lo que debilitaría los controles contra el lavado de dinero y el financiamiento ilícito.

Además, exigir a las empresas de transferencia de dinero que verifiquen la ciudadanía de sus clientes podría abrir la puerta a errores, discriminación y cargas operativas, sin una base legal clara para exigir dicha información privada.

Golpe económico a los países receptores y al comercio bilateral

Las remesas son una fuente vital de ingresos en países como México, Guatemala, Honduras y El Salvador, donde representan entre el 10% y el 30% del PIB. Orozco advierte que una caída significativa de estos flujos afectaría la estabilidad económica de millones de hogares, profundizando las causas estructurales de la migración.

Además, existe una relación directa entre las remesas y las exportaciones estadounidenses. En 2024, Estados Unidos exportó más de $380 mil millones a países receptores de remesas, y una disminución del poder adquisitivo en estas economías podría impactar negativamente el comercio exterior de EE. UU. y su balanza comercial.

Medida simbólica con efectos contraproducentes

Aunque los partidarios del impuesto argumentan que disuadiría la migración irregular, el análisis concluye que el efecto sería el contrario: al reducir el ingreso disponible de las familias, en realidad aumentarían las motivaciones para migrar.

“Un impuesto de este tipo no distingue entre migrantes con o sin estatus legal, castiga a quienes ya pagan impuestos y amenaza con debilitar las relaciones diplomáticas con países aliados en el hemisferio”, explica Orozco.

Llamado a políticas integrales y cooperativas

El estudio propone que, en lugar de medidas punitivas, Estados Unidos trabaje con los países de origen en acuerdos que promuevan el desarrollo económico, la inversión productiva y la gobernanza democrática. “La solución al desafío migratorio no radica en nuevos impuestos, sino en estrategias de cooperación regional, desarrollo económico y responsabilidad compartida”, concluye.

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