No hubo expropiación; fue declarada área natural protegida: presidenta Claudia Sheinbaum sobre el terreno en Yucatán usado por Vulcan Materials

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, enviará una carta a la Casa Blanca y al Congreso de Estados Unidos para notificarles que el terreno explotado por Calica, filial de Vulcan Materials, es un Área Natural Protegida y no fue expropiado. El terreno en cuestión se ubica en Playa del Carmen, Quintana Roo.

El viernes 7 de marzo, congresistas estadounidenses pidieron al presidente Donald Trump actuar a favor de los intereses de Vulcan Materials, el mayor productor y comercializador de piedra caliza para construcción en Estados Unidos. Durante su sexenio, el expresidente Andrés Manuel López Obrador perdió el control de este terreno ubicado al sur de Playa del Carmen, donde la empresa había extraído el material durante décadas.

La carta, firmada por 36 miembros del Congreso, llama al presidente Trump a respaldar «la protección de las industrias y los empleos estadounidenses».

En años previos, funcionarios estadounidenses criticaron a la administración de Biden por mantenerse al margen, acusando al gobierno mexicano de haber forzado el cierre de la cantera de piedra caliza y del puerto de aguas profundas de Vulcan Materials en la península de Yucatán en 2022.

«Mientras se discuten temas de comercio y seguridad fronteriza con la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, le pedimos exigir una solución para Vulcan Materials Company. México debe resolver esta crisis mediante negociaciones de buena fe que den cuenta de sus acciones ilegales», detalla la carta.

A su vez, subrayaron que México ha dado «un trato atroz a Vulcan Materials Company», por lo que consideran «necesario tomar medidas contundentes».

Según los congresistas, en 1986, con el respaldo del gobierno mexicano, Vulcan Materials Company compró terrenos para construir y operar una cantera de piedra caliza junto al único puerto de aguas profundas de la península de Yucatán, una operación que, según ellos, abastece de materiales de construcción esenciales desde Texas hasta Florida y las Carolinas.

Añadieron que el 5 de mayo de 2022, bajo la dirección del presidente Andrés Manuel López Obrador, las fuerzas militares de México invadieron las instalaciones de Vulcan y clausuraron ilegalmente sus operaciones.

«Desde entonces, las costas del Golfo y del Atlántico Sur de Estados Unidos han perdido un suministro vital de materiales de construcción, lo que ha perturbado la construcción de proyectos de infraestructura esenciales y ha puesto en riesgo empleos estadounidenses».

Alegan que el 23 de septiembre de 2024 López Obrador expropió la propiedad de Vulcan al designarla como «área natural protegida» y que «la presidenta Sheinbaum actualmente considera un plan de manejo que podría beneficiar a intereses mexicanos y de otros países a costa de una empresa estadounidense».

En respuesta, la presidenta Sheinbaum aclaró que «nunca hubo expropiación», pues el terreno que compraron sigue siendo propiedad de la empresa. Sin embargo, rebasó sus límites y el área de explotación autorizada, afectando gravemente el subsuelo. Por esa razón, el expresidente Andrés Manuel López Obrador cambió el uso de suelo de ese espacio a «Área Natural Protegida».

Debido a esa designación, la presidenta Sheinbaum ha dicho que se enviará una carta tanto a los congresistas como al presidente Donald Trump para explicar los hechos. Añadió que se buscarán pláticas con la empresa para evitar acudir a tribunales.

«Nunca hubo expropiación. La tierra es de ellos, el terreno es de ellos», afirmó la presidenta Sheinbaum. «El problema es que salieron por completo del área autorizada de explotación y se fueron a otras zonas, afectando cenotes y acuíferos».

«Se les informó. Se les dijo. Continuaron con la explotación, y entonces el presidente López Obrador decidió cambiar el uso de suelo. Pero no hay expropiación. Ahora es un área natural protegida donde no se permite la explotación de estos materiales porque está afectando gravemente el medio ambiente», enfatizó Sheinbaum.

Durante su conferencia matutina, la presidenta enfatizó que «ninguna empresa puede violar la autorización de impacto ambiental» y que el impacto ambiental que estaba causando era un asunto grave.

Los congresistas también manifestaron su preocupación por presuntos informes de que el proyecto adyacente del Tren Maya podría ser financiado por el Partido Comunista Chino (PCC). Por ello, pidieron que la administración de Trump investigue con urgencia para aclarar quiénes son los verdaderos promotores del proyecto. «Si surgen pruebas de actividades que amenacen la seguridad nacional de Estados Unidos, instamos a su administración a tomar las medidas necesarias para proteger nuestros intereses nacionales», escribieron.

Sheinbaum sostiene que los recursos usados para construir el Tren Maya fueron públicos, provinieron de los mexicanos que pagaron impuestos y se devolvieron para construirlo.

«No hay financiamiento chino. Si alguna empresa tuvo algún fondo en algún momento, no tiene nada que ver con el financiamiento del Tren Maya».

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