Justicia social, igualdad e inclusión: los principios de la Prosperidad Compartida

El Segundo Informe de Gobierno presenta la Prosperidad Compartida como un proyecto de desarrollo de largo plazo, inspirado en el Humanismo Mexicano, que propone que el desarrollo se mide por la dignidad con que vive la gente. Su capítulo de principios se apoya en tres ideas: justicia social, igualdad e inclusión.
La justicia social ordena la economía, la inversión y la gestión pública. Los Programas para el Bienestar, que ya tienen rango constitucional, llegarán en 2026 a 42.8 millones de personas, y la pobreza laboral se encuentra en su nivel más bajo desde 2005.
La igualdad se expresa en acciones concretas. La Pensión Mujeres Bienestar llega a casi 3 millones de mujeres de 60 a 64 años, con 3,100 pesos bimestrales. La reforma al artículo 2 constitucional reconoce a los pueblos indígenas y afromexicanos como sujetos de derecho público, y el informe reporta la entrega directa de alrededor de 25 mil millones de pesos a unas 19 mil comunidades. El salario mínimo mensual pasó de 2,800 pesos en 2018 a 9,582 pesos en 2026.
La inclusión opera en cinco líneas de acción. La Pensión para Adultos Mayores llega a 13.7 millones de personas, con 6,400 pesos bimestrales. La jornada laboral bajará de 48 a 40 horas entre 2027 y 2030, sin disminuir salarios ni prestaciones.
Para la comunidad latina, el tema resulta cercano. Para las familias con raíces en México, estas pensiones y programas pueden formar parte de la vida cotidiana de padres, abuelas y abuelos que viven allá, y el reconocimiento a pueblos indígenas y afromexicanos refleja la diversidad de origen que también forma parte de la identidad latina.