Reforma electoral: democracia, participación popular y deliberación pública

Por Jaime Dahir Arista. SPR Informa. Agencia Mexicana de Prensa

“El Decreto emitido por la Presidenta de la República, Dra. Claudia Sheinbaum Pardo, y publicado en el Diario Oficial de la Federación el 4 de agosto de 2025, por el que se crea la Comisión Presidencial para la Reforma Electoral, sienta las bases para instrumentar una discusión pública amplia, plural e incluyente y la participación ciudadana para la reforma en materia político-electoral en México.”

Como se señala en la exposición de motivos, esto refleja la visión que la nueva administración tiene del sistema electoral mexicano: los problemas estructurales que enfrenta, sus fallas procedimentales, la deficiente calidad de la representación política, la distorsión del sistema de representación proporcional y el costo excesivo para el erario público que implica sostener un sistema de partidos junto con las instituciones electorales administrativas y jurisdiccionales. El objetivo es instaurar un Sistema Electoral cuyo principal sujeto de interés sea el pueblo y su involucramiento activo y directo en los asuntos públicos, y no solo en los tiempos electorales.

En las elecciones federales de 2024, el Consejo General del Instituto Nacional Electoral (INE) aprobó por unanimidad, en lo general, el presupuesto de ese ejercicio fiscal, por un monto superior a 22.32 mil millones de pesos (casi 1.20 mil millones de USD). Esta cifra no incluye el financiamiento a los partidos políticos, que se aprobó por separado y que refleja el recorte presupuestal de 5.00 mil millones de pesos (268.5 millones de USD) aprobado por la Cámara de Diputados.

En ese mismo año, el gasto público federal destinado a los partidos políticos ascendió a más de 10.44 mil millones de pesos (560.60 millones de USD), y cubrió actividades ordinarias permanentes, gastos de campaña, actividades específicas y el uso gratuito de los servicios postales y telegráficos del país.

El financiamiento público para gastos de campaña de todos los candidatos independientes ascendió a casi 66.10 millones de pesos (3.5 millones de USD), mientras que el total para el Fortalecimiento del Liderazgo Político de las Mujeres llegó a 198.30 millones de pesos (10.6 millones de USD).

A diferencia de las reformas electorales anteriores en México, que surgieron en las cúpulas de los poderes político, económico y mediático, la reforma que ahora propone la Cuarta Transformación busca construirse desde abajo, mediante un debate público abierto, la participación ciudadana y la deliberación popular, sin excluir las voces de expertos, académicos y especialistas, así como de los actores de la democracia, es decir, los partidos políticos, las organizaciones sociales y civiles, las comunidades indígenas, las organizaciones y centros de mexicanos migrantes en el extranjero, y los integrantes de los organismos electorales administrativos y jurisdiccionales.

Las consultas sobre el sistema electoral mexicano para la elaboración de las propuestas de reforma pretenden ser amplias e incluyentes, con la participación del público en general; organizaciones sociales y civiles; partidos políticos nacionales y locales; comunidades indígenas; especialistas de centros educativos y de investigación; autores y analistas de temas políticos; organizaciones y centros de mexicanos migrantes en el extranjero; e integrantes de los organismos electorales administrativos y jurisdiccionales.

Estas consultas deberán adoptar además la forma de un proceso abierto de discusión y deliberación pública, con encuestas de opinión, audiencias, debates y eventos públicos en todo el país.

La Comisión desempeñará sus funciones bajo los principios de transparencia, objetividad, eficiencia, eficacia, economía y honradez, cumpliendo en todo momento con las disposiciones legales en materia de transparencia, acceso a la información pública, protección de datos personales y rendición de cuentas.

El mandato de la Comisión es “convocar al pueblo para que se exprese sobre la reforma electoral que conviene a México y realizar los estudios respectivos; llevar a cabo los análisis necesarios y elaborar propuestas sobre la reforma electoral; integrar los grupos de trabajo que estime necesarios para el cumplimiento de sus funciones; elaborar y expedir su reglamento interno.”

La agenda general incluye, sin excluir otros temas relacionados, las libertades políticas; la representación del pueblo; el sistema de partidos políticos; el financiamiento y los privilegios de los partidos; la fiscalización de los ingresos y gastos de partidos, candidatos y campañas; la eficacia del sufragio; la regulación de la competencia político-electoral; la libertad de difundir opiniones, información e ideas; la publicidad de los poderes y organismos públicos; los sistemas de votación y cómputo dentro y fuera del país; las autoridades electorales administrativas y jurisdiccionales; los requisitos de elegibilidad; la inmunidad de los funcionarios electos por el pueblo; las consultas populares y la revocación de mandato de los funcionarios electos.

La democracia es sinónimo de participación ciudadana, social y popular activa, libre, informada, transparente, plural e incluyente. La misión de un sistema democrático es empoderar al pueblo y a la ciudadanía, no a los grupos de poder enquistados en los partidos políticos. Su función es ampliar de manera progresiva los derechos políticos, sociales, económicos y culturales del pueblo, garantizando su pleno ejercicio tanto en los procesos políticos y electorales como en las elecciones democráticas. La tarea es ardua y compleja, y enfrentará obstáculos y resistencias, pero transformar el Sistema Electoral mexicano es indispensable.

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