Análisis: cómo el sistema judicial exigió su propia reforma

Las autoridades del estado mexicano de Michoacán volvieron a indignarse al ver a otro prominente operador del narcotráfico en libertad. Jesús R, presunto jefe de una organización criminal de la región de Zacapu, también conocido como “El Chuy”, fue detenido por las autoridades de Michoacán y presentado ante un juez antes de ser liberado con base en razonamientos que consideran “irrelevantes”.

El gobernador del estado Alfredo Ramírez Bedolla denunció el fallo del juez como “un fracaso y [ejemplo de] corrupción dentro del sistema de justicia federal. Es terrible, no podemos seguir encubriendo a jueces corruptos.”

Esta es una fuente común de frustración tanto a nivel local como nacional. Tanto así que el gobierno mexicano afirmó que el 3 de marzo, 29 capos del narcotráfico muy buscados fueron trasladados a EE. UU. para ser procesados con celeridad y evitar extradiciones demoradas o su liberación por parte de jueces federales cómplices.

Sin embargo, una asociación nacional de jueces (Asociación Nacional de Magistrados de Circuito y Jueces de Distrito del Poder Judicial de la Federación) protestó por las críticas relacionadas con el caso de El Chuy y las calificó como “una clara intromisión en la independencia judicial y un ataque a la integridad del Poder Judicial de la Federación”.

En el sistema de justicia aún vigente, creado por una reforma constitucional en 1996 y establecido por una enmienda similar para ser reemplazado el próximo agosto, la supervisión judicial es responsabilidad exclusiva del Consejo de la Judicatura Federal.

Sin embargo, una investigación de la periodista Zorayda Gallegos en Quinto Elemento Lab demostró que esto ya se ha hecho sistemáticamente con una indulgencia asombrosa: de 2000 a 2023, este Consejo presentó acusaciones contra 23 jueces ante el Ministerio Público, que resultaron en cero sentencias; 22 jueces y 8 magistrados fueron destituidos de sus cargos; y reprendió a 511 jueces con apercibimientos por escrito.

Esto ocurrió en medio de amplias quejas públicas por la continua y generalizada corrupción judicial. Mientras tanto, entre enero de 2022 y enero de 2025, los jueces absolvieron, liberaron o aprobaron beneficios judiciales para 72 líderes del crimen organizado acusados de narcotráfico, delitos contra la salud, tortura y secuestro.

El llamado “Cartel Jalisco Nueva Generación”, la organización criminal más poderosa, fue señalado como el grupo que más se benefició, seguido por el Cartel de Sinaloa.

UNA REFORMA NECESARIA

En el sistema actual, los ministros de la Suprema Corte son propuestos por el presidente y aprobados por una votación de dos tercios en el Senado. Si no se logra el voto del Senado, el Poder Ejecutivo puede designar directamente a nuevos integrantes del máximo tribunal. En conjunto, el expresidente Andrés Manuel López Obrador y su sucesora, la presidenta Claudia Sheinbaum, ambos del mismo partido, habrán propuesto a la mayoría de los ministros para 2027.

Sin embargo, López Obrador y Sheinbaum impulsaron un cambio al sistema para que los jueces de todos los niveles sean elegidos por voto popular el próximo junio. El Consejo de la Judicatura Federal será reemplazado por dos nuevos órganos con funciones ampliadas: un órgano de administración judicial y un tribunal de disciplina judicial.

Esta reforma fue aprobada el año pasado por una mayoría de dos tercios en ambas cámaras del Congreso, y por 22 congresos estatales, y rechazada solo por dos.

La iniciativa encontró una fuerte resistencia de una alianza de redes de abogados y jueces que han existido en la corrupción del sistema casi terminado y se han beneficiado enormemente de ella.

Cuando pidieron al público “que nos defiendan porque nosotros los defendemos”, muy pocos se sintieron obligados a estar de acuerdo.

¿Es el voto popular la mejor manera de elegir a los ministros de la Suprema Corte? ¿Era necesario extender este procedimiento a absolutamente todos los jueces?

La corrupción generalizada en las filas de los jueces, donde las manzanas buenas han demostrado ser más bien escasas, muestra por qué la mayoría de los votantes y sus representantes legislativos exigen una renovación total. En los próximos tres meses, se pondrá a prueba la eficacia del nuevo mecanismo.

No sin preocupaciones: entre los miles de candidatos para 881 cargos, víctimas y asociaciones han denunciado a algunos de ellos como criminales o ciudadanos con intenciones dudosas que de alguna manera lograron pasar los filtros.

Esta es una preocupación que no supera la percepción popular de que se necesita urgentemente un nuevo sistema judicial.

Témoris Grecko es un analista político, periodista y documentalista mexicano galardonado, que ha cubierto conflictos y derechos humanos en México y en otros 94 países y territorios. Uno de sus libros, “Killing The Story. Journalists Risking Their Lives To Uncover The Truth In Mexico”, fue publicado por The New Press en Nueva York.

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