Cosecha sin manos: el panorama del sector agrícola de Estados Unidos ante las deportaciones masivas en California

Por Alejandra Trejo Nieto. SPR Informa. Agencia de Prensa Mexicana.

En 2018, durante el primer mandato del presidente Donald Trump, NPR publicó un artículo titulado «When The U.S. Government Tried To Replace Migrant Farmworkers With High Schoolers». En ese texto, el autor Gustavo Arellano repasa el episodio A-TEAM de 1965 (Athletes in Temporary Employment as Agricultural Manpower), un programa pensado para reemplazar con jóvenes estadounidenses a los millones de trabajadores agrícolas mexicanos que habían sido empleados bajo el Programa Bracero. El artículo no solo revela la dependencia estructural del sector agrícola estadounidense de la mano de obra migrante, sino que también muestra que las condiciones reales de trabajo en los campos pueden ser duras y brutales, algo que no ha cambiado mucho en sesenta años. El proyecto A-TEAM, liderado por el entonces secretario de Trabajo W. Willard Wirtz, demostró que el trabajo agrícola (agotador, insalubre y mal pagado) no resultaba atractivo para la juventud estadounidense, incluso si contaba con buena condición física.

En julio de 2025, a cinco meses del segundo mandato de Donald Trump, asistimos a lo que parece una intensificación y una ampliación del aparato de deportación dirigido a inmigrantes indocumentados, en particular en estados con alta población migrante como California. Esta escalada de las operaciones antiinmigrantes sigue a la aprobación de una amplia ley fiscal que el presidente Trump utiliza para impulsar la agenda de su administración. Con la «Big Beautiful Bill», la aplicación de las leyes migratorias se reforzará de manera significativa al asignar 100 mil millones de dólares al Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE), con el objetivo de duplicar la capacidad de detención de inmigrantes del país.

Este refuerzo de la política migratoria podría tener consecuencias económicas profundas para regiones y sectores económicos clave, en especial para el sector agrícola de California, que depende en gran medida de la mano de obra migrante. La implicación inmediata sería una escasez crítica de jornaleros agrícolas.

Este texto explora las tensiones entre economía y política, los dilemas ideológicos y las posibles alternativas dentro de un sistema que necesita mano de obra pero cuyo gobierno rechaza abiertamente a quienes sostienen su funcionamiento. Se adentra en las políticas que la administración Trump podría verse obligada a considerar para atender el déficit de mano de obra agrícola sin contradecir su discurso antiinmigrante. Sostiene que la deportación masiva de trabajadores agrícolas está lejos de ser un asunto de corto plazo y que, más bien, revela las contradicciones entre el nacionalismo económico, la xenofobia institucionalizada y la dinámica real del capitalismo agroindustrial.

El episodio A-TEAM

Tras la terminación del Programa Bracero en 1964, que había permitido a los trabajadores mexicanos trabajar legalmente en Estados Unidos, una ola de preocupación recorrió el país por su impacto en la agricultura. El secretario Wirtz lanzó la iniciativa A-TEAM para reclutar atletas de secundaria y reemplazar a los trabajadores agrícolas migrantes. El plan pretendía enrolar hasta 20,000 estudiantes atletas, con el argumento de que su condición física los hacía idóneos para el trabajo agrícola. La campaña promocional del proyecto involucró al Departamento de Trabajo, al Departamento de Agricultura y al Consejo Presidencial sobre Aptitud Física, que invirtieron en spots de radio y anuncios de revista con figuras como el quarterback John Huarte, ganador del Trofeo Heisman de 1964. «¡El trabajo agrícola hace hombres!», proclamaba uno de los lemas.

En el verano de 1965 se inscribieron alrededor de 18,100 jóvenes, pero menos del 20% llegó a trabajar en los campos. Estudiantes de todo el país comenzaron a llegar a granjas de Texas y California a principios de junio. Sin embargo, se toparon con condiciones laborales extremas, con temperaturas de hasta 110°F (≈43°C), semanas de trabajo de seis días, viviendas insalubres (viejos barracones) y equipo inadecuado. El pago era el salario mínimo más un pequeño bono por la cantidad de producto cosechado. En lugares como el Valle de Salinas, en California, la mayoría de los estudiantes renunció a los pocos días debido a las duras condiciones laborales.

El experimento se consideró un fracaso total y se canceló tras su primera temporada. El fallido proyecto A-TEAM no solo reveló lo impracticable de reemplazar a los jornaleros migrantes con ciudadanos locales, sino que también puso de relieve una realidad estructural: la agricultura industrial en Estados Unidos depende de una fuerza laboral fácilmente explotable, a menudo racializada y deportable. Como han sostenido muchos historiadores del trabajo, cualquier intento de cambiar esa ecuación sin mejorar las condiciones laborales del campo está condenado al fracaso.

El dilema estadounidense: la dependencia agrícola estructural de la mano de obra migrante

El regreso de Donald Trump al poder en 2025 ha traído consigo una política que prioriza las redadas y las deportaciones en sectores denominados «estratégicos». El estado de California se ha convertido en epicentro de operativos migratorios de gran escala y de protestas frecuentes que a menudo terminan en arrestos. Por ejemplo, el jueves 10 de julio estallaron enfrentamientos entre manifestantes y agentes federales de inmigración durante redadas en granjas de marihuana legal en los condados de Ventura y Santa Bárbara. Aunque el ICE ha reportado deportaciones masivas y la salida forzada de numerosos trabajadores, las cifras exactas siguen sin estar claras, ya que el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) dejó de publicar estadísticas detalladas de deportaciones y repatriaciones después de que Trump asumió el cargo. No obstante, los operativos del ICE han sembrado un miedo generalizado entre las comunidades inmigrantes, disuadiendo incluso a migrantes legales de presentarse a trabajar.

Esta situación es particularmente compleja para el sector agrícola, que ahora enfrenta a la vez una escasez física de trabajadores y una brecha temporal necesaria para implementar soluciones alternativas, como reclutar nueva mano de obra o automatizar procesos.

La economía de California es excepcionalmente grande. En 2024, su Producto Interno Bruto (PIB) nominal alcanzó aproximadamente 4.1 billones de dólares, lo que la coloca como la cuarta economía más grande del mundo si fuera una nación independiente, solo por detrás de Estados Unidos, China y Alemania, y por delante de Japón. Es también el principal productor agrícola de Estados Unidos. Según el Departamento de Agricultura de Estados Unidos (USDA), California generó más de 59 mil millones de dólares en productos agrícolas en 2022, lo que representa alrededor de 13.5% de la producción agrícola nacional total.

Históricamente, California ha mantenido su productividad agrícola gracias a una fuerza laboral predominantemente migrante. Además, la mayoría de los trabajadores del campo son indocumentados. Su presencia ha sido tolerada, o facilitada de facto, durante décadas como parte de un sistema laboral informal que mantiene bajos los costos de producción y asegura la competitividad del sector. Según la Encuesta Nacional de Trabajadores Agrícolas (NAWS), la mayoría de los jornaleros contratados son nacidos en el extranjero y casi el 50% carece de documentos migratorios regulares (DOL-NAWS, 2020). Para el caso específico de California, las estimaciones sitúan esa cifra todavía más alta, con trabajadores indocumentados que representan entre el 60% y el 70% del total.

Esta estructura laboral ha sido muy funcional para el capital agroindustrial, pues permite salarios bajos, alta flexibilidad y una inversión mínima en protección laboral. La política migratoria estadounidense, al criminalizar a estos trabajadores y a la vez habilitar su explotación, ha funcionado más como un instrumento de control laboral que como un mecanismo de exclusión. Ante este contexto, el gobierno federal enfrenta una contradicción evidente, ya que las políticas antiinmigrantes perjudican a sectores económicos clave. Con el presupuesto del ICE ahora notablemente ampliado, California podría enfrentar una tormenta perfecta: la colisión entre una ideología migratoria de línea dura y necesidades laborales estructurales.

Posibles políticas para atender la escasez de jornaleros agrícolas

Hay varias políticas que la administración Trump podría implementar para mitigar la escasez de trabajadores agrícolas, aunque cada una conlleva sus propias implicaciones políticas, económicas y sociales.

La opción más viable dentro del marco ideológico trumpista sería ampliar el programa de visas temporales H-2A, que permite contratar legalmente a trabajadores agrícolas extranjeros por un tiempo limitado. Para evitar críticas de su base antiinmigrante, Trump podría presentar esta política como una «migración patriótica y ordenada», en la que los trabajadores no se asientan en el país, no tienen vía hacia la ciudadanía y permanecen por completo bajo control estatal. Sin embargo, esta medida enfrenta obstáculos administrativos, y muchos agricultores consideran el proceso lento, burocrático y costoso. Además, los numerosos reportes de violaciones a los derechos laborales bajo este esquema podrían derivar en demandas y críticas internacionales.

Otro enfoque posible sería lanzar un nuevo programa para incentivar a ciudadanos estadounidenses a trabajar en la agricultura mediante subsidios, condonación de préstamos estudiantiles o beneficios fiscales. Pero experiencias pasadas, como la del A-TEAM, han demostrado que pocos estadounidenses están dispuestos a aceptar empleos agrícolas que son físicamente exigentes, mal pagados y marcados por condiciones laborales precarias. Además, el costo fiscal de subsidiar esos programas podría resultar impopular para el ala más conservadora del Partido Republicano.

Una tercera opción sería invertir en tecnología agroindustrial para reemplazar a los trabajadores con máquinas. Esto sería coherente con el discurso de «reducir la dependencia extranjera», pero requiere tiempo e inversión significativa. Además, muchos cultivos de California (como las fresas, las uvas o la lechuga) todavía no pueden cosecharse de manera eficiente con máquinas. La automatización plantea también otro dilema político: ¿quién financiaría esa transición tecnológica? ¿Subsidiaría el gobierno a las grandes agroempresas para reemplazar a los trabajadores que ese mismo gobierno ha deportado?

En un giro pragmático, el gobierno podría establecer un programa piloto para permitir el regreso de jornaleros previamente deportados si cumplen ciertos criterios (sin antecedentes penales, con historial laboral documentado, etc.). Aunque probablemente sería impopular entre la base más radical de Trump, esta medida permitiría a las empresas recuperar mano de obra calificada. Si bien este tipo de políticas se han implementado en otros contextos, en este caso el obstáculo es ideológico. Para Trump, admitir que necesita a quienes deportó implica una derrota de su narrativa.

Cualquier política que abra vías para la mano de obra extranjera, incluso de manera temporal, generaría tensiones. Por un lado, los sectores empresariales presionarían por soluciones pragmáticas; por el otro, el ala dura de Trump lo acusaría de «traicionar» su promesa de proteger los empleos estadounidenses.

Los límites del nacionalismo económico

La escasez de trabajadores agrícolas, resultado directo de las redadas y deportaciones masivas impulsadas por el gobierno federal estadounidense, revela una realidad estructural del sistema agroindustrial del país: no puede sostenerse sin migración. El dilema que enfrenta la sociedad estadounidense no es técnico, sino político e ideológico. Cualquier intento de resolver el déficit laboral implica reconocer que el sistema depende de la misma población que busca excluir de manera oficial.

Las políticas propuestas, desde ampliar las visas H-2A hasta automatizar la cosecha, son respuestas parciales y, en muchos casos, contradicen el proyecto político de Trump. Esto expone los límites del nacionalismo económico en un contexto de interdependencia global y plantea una pregunta incómoda: ¿puede un país mantener su prosperidad mientras expulsa a quienes hacen posible su cosecha?

Como advierte Saskia Sassen, la economía global expulsa y luego reintegra, bajo nuevas reglas, a quienes ha marginado. En esa lógica, el trabajador migrante es a la vez esencial y desechable. En última instancia, Estados Unidos enfrenta una encrucijada crítica, porque sostener un sector agrícola productivo exigirá reconocer la dignidad y los derechos de quienes lo hacen posible. Negar esa realidad desde posiciones de poder puede conducir a consecuencias que ningún gobierno podrá contener.

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