Crece la resistencia al impuesto a las remesas en EE. UU.

El proyecto de ley fiscal impulsado por el expresidente Donald Trump, conocido como “One Big Beautiful Bill”, ha generado una creciente preocupación internacional tras su aprobación por la Cámara de Representantes de EE. UU. Entre sus medidas más controvertidas está un impuesto propuesto del 3.5% sobre las remesas enviadas por personas que no son ciudadanas estadounidenses, incluidos residentes legales y titulares de visas de trabajo.

La medida, que aún debe debatirse en el Senado, podría entrar en vigor el 1 de enero de 2026. Gobiernos extranjeros y organizaciones de derechos de los inmigrantes la han calificado de discriminatoria, regresiva y dañina.

El impuesto se aplicaría a millones de inmigrantes que envían dinero a sus países de origen, excluyendo solo a los ciudadanos estadounidenses. Entre los afectados estarían los titulares de visas H-1B, H-2A y H-2B, así como los beneficiarios del Estatus de Protección Temporal (TPS) y los residentes legales permanentes.

Actualmente, Estados Unidos es la mayor fuente de remesas del mundo. Solo en 2024, los residentes del país enviaron más de $93 mil millones al exterior, según el Banco Mundial.

Reacción internacional

México, principal receptor de remesas de EE. UU. (con más de $65 mil millones recibidos en 2024), ha rechazado enérgicamente la propuesta. La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo calificó el impuesto como “una injusticia y una violación de los tratados bilaterales” y advirtió que México seguirá trabajando por todos los canales diplomáticos y legislativos para impedir su implementación.

Países centroamericanos como Guatemala, Honduras y El Salvador también han expresado su preocupación, ya que en algunos casos las remesas representan más del 20 por ciento de su PIB. Portavoces del Banco Interamericano de Desarrollo y del Fondo Monetario Internacional también han advertido sobre el impacto macroeconómico que esta medida podría tener en la estabilidad regional.

Críticas y riesgos

Organizaciones como Voto Latino, el Caucus Hispano del Congreso y diversos grupos de derechos humanos han sostenido que el impuesto exacerbaría la desigualdad, perjudicando a trabajadores esenciales que ya pagan impuestos en Estados Unidos. También advierten que la medida podría fomentar el uso de canales informales de remesas, aumentando el riesgo de fraude y explotación por parte del crimen organizado.

Asimismo, han enfatizado que este impuesto afectaría directamente a más de 40 millones de personas, incluidos residentes legales y familias binacionales.

Una encuesta reciente de Voto Latino reveló que el 72 por ciento de los votantes latinos se opone a la medida, y advirtió que podría tener repercusiones políticas en las elecciones de noviembre de 2025, especialmente en estados como Texas, Arizona y California.

“La propuesta busca financiar recortes de impuestos para los ricos a costa de los más vulnerables”, dijo María Teresa Kumar, presidenta de Voto Latino. “Esto no es política fiscal; es un castigo político para los migrantes.”

El proyecto de ley fiscal se discutirá en el Senado de EE. UU. en las próximas semanas, donde se espera un debate acalorado. Algunos senadores republicanos moderados, como John Cornyn (Texas), han expresado dudas sobre la medida, mientras que otros, como Ted Cruz, han apoyado plenamente la propuesta de Trump.

México, junto con otras naciones afectadas, continúa con los esfuerzos diplomáticos y legales para impedir la aprobación final del impuesto. Mientras tanto, organizaciones de inmigrantes en EE. UU. han llamado a movilizaciones y campañas informativas para exigir que el Senado bloquee lo que consideran una medida punitiva y discriminatoria.

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