El mito de la recaudación fiscal: cuando el Estado no cobra, el pueblo paga

Por Ricardo Balderas

Algunas cifras gritan. La Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) acaba de confirmarlo: la relación entre la recaudación tributaria y el Producto Interno Bruto (PIB) en América Latina y el Caribe cayó a 21.3% en 2023. Es decir, recaudamos menos impuestos que antes de la pandemia. Y no solo eso: en más de la mitad de los países analizados (14 de 26), la situación empeoró. Detrás de ese decimal hay algo más grave: el Estado deja de financiarse, y quien termina pagando la cuenta no es el gran capital, sino el ciudadano de a pie.

En el último informe de la CEPAL se revela un patrón que, si no fuera tan trágico, sería previsible. Los países ricos en recursos naturales (como Chile, Perú o México) son los mismos que hoy registran caídas pronunciadas en los ingresos por impuesto a la renta. ¿Por qué? Porque el modelo económico de exportar materias primas como si no hubiera un mañana, sin planear los vaivenes de los mercados internacionales, termina pasando factura en la recaudación. Y lo más alarmante no es la cifra, sino el silencio institucional que la rodea.

Mientras en países como Brasil la relación impuestos/PIB se mantiene en 32%, en Guyana, una nación con petróleo, apenas llega a 11.6%. Para entender el contraste: los países de la OCDE, esos que llamamos desarrollados, recaudan en promedio 33.9% del PIB. La brecha no es solo económica, es estructural y profundamente política.

La historia se repite, con nombres y apellidos. En 2023, Chile y Perú reportaron las mayores caídas en ese ratio fiscal. Lo que ocurrió allí no fue un accidente. La caída de los precios internacionales del cobre y otros minerales, combinada con generosos créditos y devoluciones fiscales para las grandes empresas, derivó en una reducción brutal de los ingresos estatales. Según el informe de la CEPAL, los ingresos por minería en la región cayeron de 0.74% a 0.59% del PIB. ¿Pero quién responde por eso?

Mientras los Estados renuncian a su capacidad de recaudar, el relato oficial sigue culpando a la informalidad, a la evasión o, peor aún, a la falta de cultura tributaria de la gente común. La verdad es que la arquitectura fiscal de América Latina está diseñada para beneficiar al gran capital. Por eso las contribuciones a la seguridad social suben tímidamente (0.1 puntos porcentuales), pero los impuestos a la renta y a los recursos naturales se desploman.

Tomemos el caso de México. El presidente López Obrador había insistido en que su gobierno no subiría impuestos ni crearía nuevos. Pero en la práctica eso significa que las grandes fortunas no pagan más y que el Estado depende cada vez más del IVA, un impuesto regresivo que pagan por igual millonarios y jornaleros. Y aunque el informe de la CEPAL no destaca a México de manera prominente, el patrón aplica: a quien menos tiene, más se le grava. Los ingresos no tributarios, que incluyen rubros como derechos, utilidades de empresas estatales o ganancias del sector público, también se desploman. En 2023 promediaron apenas 3.1% del PIB y en países como Perú apenas alcanzaron 0.4%. ¿Dónde están los ingresos del litio, del petróleo y del gas? ¿A dónde va ese dinero?

Quizá lo más cínico de todo esto sea el intento de disfrazar la crisis con cifras relativas. Cuando se dice que "los ingresos cayeron 0.2 puntos del PIB", suena manejable. Pero en términos reales representa miles de millones de dólares que ya no van a salud, educación, infraestructura o seguridad. Y eso, en una región donde más de 30% de la población vive en pobreza.

¿Y en México?

El gobierno mexicano proyectó una recaudación tributaria récord de 5.3 billones de pesos (US$276 mil millones) para 2025, un aumento de 2.8% respecto al año anterior. Esta cifra equivale a 14.6% del PIB nacional, la proporción más alta alcanzada en la historia reciente del país. Este aumento se logra sin crear nuevos impuestos ni elevar los existentes, lo que subraya los esfuerzos por mejorar la eficiencia recaudatoria y ampliar la base tributaria.

En enero de 2025, el Servicio de Administración Tributaria (SAT) reportó ingresos por 517.4 mil millones de pesos (US$26.40 mil millones), superando en 5.1% su meta del mes. El impuesto sobre la renta (ISR) y el impuesto al valor agregado (IVA) fueron los principales motores de ese crecimiento, con aumentos reales de 2.4% y 12.7%, respectivamente. Este desempeño refleja una recuperación del salario real y una demanda interna sólida.

A pesar del aumento en la recaudación, México enfrenta retos fiscales significativos. El déficit fiscal proyectado para 2025 es de 1.6 billones de pesos (US$81.63 mil millones), lo que podría elevar la deuda pública a cerca de 20 billones de pesos (US$1.02 billones). El pago de intereses de la deuda alcanzará 1.25 billones de pesos (US$63.78 mil millones), lo que representa aproximadamente 73% de los ingresos tributarios, y limita severamente la capacidad del gobierno para financiar otros sectores prioritarios.

El modelo fiscal actual, centrado en impuestos indirectos como el IVA, ha mostrado limitaciones en términos de equidad y suficiencia. La alta informalidad laboral y la dependencia de los ingresos petroleros han dificultado una recaudación progresiva y estable. Aunque el gobierno ha descartado una reforma fiscal profunda, ha implementado medidas para mejorar la eficiencia recaudatoria, como la digitalización de trámites y la simplificación de procesos fiscales.

Mientras tanto, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) estima que el costo financiero de la deuda alcanzará 3.8% del PIB en 2025, el nivel más alto desde 2000. Este aumento de los costos financieros, junto con un entorno económico global incierto, plantea riesgos para la estabilidad fiscal del país. Aplicar políticas fiscales prudentes y buscar fuentes de ingreso más sostenibles será esencial para garantizar la sostenibilidad de las finanzas públicas en el mediano y largo plazo.

Por eso hay que decirlo con claridad: el modelo fiscal de América Latina está roto. Está diseñado para castigar al pequeño contribuyente, al comerciante informal y al asalariado. Al mismo tiempo, ofrece un mar de exenciones, condonaciones e "incentivos" fiscales a las grandes empresas nacionales y transnacionales. La CEPAL advierte que los ingresos petroleros cayeron a 3.9% del PIB entre los diez principales países productores. Y las proyecciones para 2024 son peores: 3.2% para hidrocarburos y 0.5% para minería. Sin una reforma fiscal seria y progresiva, orientada a la justicia fiscal, la región seguirá cayendo en la trampa de financiar el gasto público con deuda o con impuestos indirectos que profundizan la desigualdad.

Lo que hoy parece un problema técnico de recaudación es, en realidad, una señal política. Y la pregunta es tan vieja como incómoda: ¿a quién sirve el Estado cuando deja de cobrarles a los que más tienen? Porque cuando el Estado no recauda, alguien paga. Y casi siempre, ese alguien eres tú.

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