México rechaza el fallo de la Corte Suprema de EE. UU. que protege a los fabricantes de armas

El gobierno mexicano rechazó categóricamente la decisión de la Corte Suprema de Estados Unidos de desestimar la demanda presentada contra fabricantes de armas estadounidenses, con la que buscaba responsabilizarlos por el tráfico ilícito de armas hacia México.

La Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) informó el jueves que continuará su batalla legal y diplomática contra el flujo de armas que alimenta la violencia en el país.

La Corte Suprema de Estados Unidos determinó que la Ley de Protección del Comercio Legal de Armas (PLCAA) otorga inmunidad a los fabricantes de armas, al señalar que no existían pruebas de que las empresas “ayudaran o instigaran” el tráfico ilícito de armas.
La corte no abordó el segundo argumento presentado por el equipo legal de México: la cuestión de la “causa próxima”, que se refiere a la conexión directa entre las acciones de las empresas y la violencia resultante en México.

Con este fallo, la Corte Suprema revoca una decisión previa del Tribunal de Apelaciones del Primer Circuito, que había respaldado los argumentos iniciales de México y había permitido que el caso avanzara. El caso regresará ahora al Tribunal de Distrito en Boston para continuar su tramitación bajo esta nueva guía judicial.

Una demanda histórica La demanda, presentada por México en agosto de 2021, acusó a fabricantes como Smith & Wesson y Glock de negligencia grave por no controlar la distribución de sus armas, facilitando así su tráfico a los cárteles mexicanos. En enero de 2024, el Tribunal de Apelaciones determinó que había fundamentos suficientes para argumentar que estas empresas habían “ayudado o instigado” el flujo ilícito de armas hacia México.

En un comunicado oficial, la SRE lamentó la decisión de la Corte Suprema y reafirmó su compromiso de utilizar todas las herramientas legales y diplomáticas disponibles para detener el flujo de armas que alimenta la violencia criminal.
“México ha presentado argumentos sólidos que demuestran el daño que los fabricantes de armas causan a nuestro país”, enfatizó la dependencia.

Cabe señalar que la decisión de la Corte Suprema no afecta una segunda demanda presentada por México en 2022 en un tribunal de Tucson, Arizona, esta vez contra cinco vendedores de armas.
Ese caso, que se encuentra actualmente en la fase de recopilación de pruebas, forma parte de una estrategia legal más amplia para responsabilizar no solo a los fabricantes, sino también a los vendedores negligentes.

La ofensiva legal de México ha atraído la atención internacional sobre el impacto del tráfico de armas proveniente de Estados Unidos en su seguridad interna. El país ha planteado el tema en foros multilaterales como el Consejo de Seguridad de la ONU, donde en 2021 impulsó la Resolución 2616, destinada a combatir el comercio ilícito de armas pequeñas y ligeras.
También está pendiente una opinión consultiva de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que podría establecer estándares internacionales sobre la responsabilidad estatal y corporativa en casos de violencia armada transfronteriza.

Una crisis compartida de armas Cada año, más de medio millón de armas de fuego ingresan ilegalmente a México desde Estados Unidos, según estimaciones de organizaciones de la sociedad civil y agencias binacionales. La mayoría termina en manos de organizaciones criminales que operan con armamento de grado militar. De acuerdo con datos de la SRE, el 70% de las armas utilizadas en delitos violentos en México provienen de Estados Unidos.

El gobierno mexicano ha insistido en que, sin una responsabilidad compartida de su vecino del norte para regular y supervisar la venta de armas, la violencia y la impunidad seguirán proliferando a ambos lados de la frontera.

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